Autoridades deben garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y niñas en México
Ciudad de México a 6 de octubre de 2020.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Colectivo Mujer y Utopía hacen un llamado al Congreso del Estado de Tlaxcala para que garantice los derechos de las mujeres y evite obstaculizar el acceso a la justicia.
La homologación del tipo penal del feminicidio a la reciente propuesta realizada por la Fiscalía General de la República es urgente e impostergable, debido sobre todo a que las muertes violentas de mujeres no se sigan clasificando como homicidios dolosos, homicidios culposos o incluso como suicidio.
En Tlaxcala, en los últimos 8 años se han presentado diversas propuestas legislativas para modificar el tipo penal del feminicidio en el estado, sin embargo, este exige: “la existencia de ‘conocimiento de una relación de pareja [del asesino] con la víctima’ para su acreditación”. Esto quizá nos ayude a entender por qué solamente existen 3 casos condenatorios por feminicidio de 2017 a 2020 en todo el estado, de acuerdo a cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Como Colectivo Mujer y Utopía A.C. y OCNF, hemos documentado que solamente 10% de los casos registrados en la entidad se inician investigando como feminicidio.
Por otro lado, se mantiene la incertidumbre de cifras reales sobre la violencia de género, pues oficialmente, sólo se reconocen 12 de las 83 muertes violentas de mujeres que el Colectivo Mujer y Utopía ha documentado, además de otros casos que no son públicos por los medios de comunicación y tampoco son denunciados a las autoridades.
Por otra parte, el gobierno del Estado de Tlaxcala no reconoce que la Trata, y la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, forman parte del contexto criminal relacionado con la violencia feminicida que afecta la vida y libertad de las mujeres en este territorio, lo cual obstaculiza la garantía del acceso a la justicia, y revictimiza a las víctimas directas, y a sus familias en ese sentido es también necesario legislar en materia de trata de personas y desaparición.
El Colectivo Mujer y Utopía A.C. ha documentado 160 desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes de enero a septiembre de este año, de las cuales, 42 permanecen como no localizadas, 22 mayores de edad y 17 menores de 18 años; de estos casos, sólo existen 4 fichas activas del Protocolo Alba y ninguna de Alerta Amber, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata y el seguimiento de éstos en su cumplimiento y aplicación de manera adecuada para disminuir el riesgo de ser víctimas del delito de trata de personas o feminicidios a cada minuto.
En la experiencia de la aplicación del Protocolo Alba en Tlaxcala, y en México, hemos documentado mediante el acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición, cuatro obstáculos importantes para el acceso a la justicia para las víctimas: 1) En las entidades que cuentan con Protocolo Alba, la falta de debida diligencia en la aplicación del mecanismo de búsqueda; 2) Algunos de los Protocolo Alba manejan las desapariciones como “ausencias”, “extravíos”, o “no localización”, por lo que no reconoce el riesgo inminente que conlleva la desaparición de niñas, adolescentes, y mujeres; 3) En los casos en los que las víctimas son localizadas, la mayoría quedan sin reconocerse, investigarse o sancionarse posibles delitos contra ellas; 4) No hay una correcta estrategia para hacer de dominio público estos protocolos, por lo que éstos no son instrumentos difícilmente son exigibles para las familias, en casos reales.
En el caso de Karla Romero Tezmol, el estado de Tlaxcala no dio cumplimiento pleno a la recomendación 83/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), derivado de la falta de efectividad de las acciones de búsqueda e investigación en territorio, por lo que, conjuntamente con otros 2 casos del Estado de México, acompañados por el OCNF, y relacionados con el corredor de la trata, los presentaremos para el conocimiento ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW).
Es importante que el Congreso Legislativo genere iniciativas a partir de las experiencias de la sociedad civil, quienes siempre hemos tenido la disponibilidad para coadyuvar en esta labor, pues no sólo generamos información respecto a la situación del contexto local y nacional, sino que también brindamos atención y acompañamiento a familiares y víctimas de delitos de género, conociendo los obstáculos y dificultades que enfrentan en la búsqueda de justicia.
Otra forma de violencia que mantiene altos niveles contra niñas y mujeres es la sexual en sus diversas expresiones, de acuerdo con información del Early Institute, el Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México en 2017 colocó a Tlaxcala como una de las dos entidades con la mayor cantidad de casos de egresos hospitalarios por Abuso Sexual Infantil (ASI), con 50, de los cuales 48 fueron niñas; al menos el 20 por ciento de los embarazos que se presentan en Tlaxcala son de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad con más de 4 mil casos, lo que se mantiene normalizado no sólo en la población, sino en las mismas instituciones, pues éstas no se investigan como resultado de violación, ya que la Procuraduría solo reporta 23 de casos de violación hasta agosto. La educación integral en sexualidad ha sido un mecanismo efectivo para identificar y prevenir estas formas de violencia; por lo que la reforma de 2018 a la Ley de Educación del estado, sobre educación sexual integral en niñas, niños y adolescentes, significó un avance.
Ante este contexto preocupa que el Partido Encuentro Social (PES) haya presentado la iniciativa conocida como PIN Parental basada en creencias personales y religiosas que significan retrocesos hacia los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; estas iniciativas pretenden que el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva de la niñez y las adolescencias esté condicionado a la autorización de madres/padres y personas que ejercen la tutela. Su contenido es contrario a los derechos humanos garantizados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones de organismos internacionales, por lo que resulta inconstitucional esta propuesta.
En este sentido, la CNDH llama a los Poderes Legislativos de las 32 entidades federativas a proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a las iniciativas de incluir el denominado “pin parental” en sus leyes estatales, las cuales omiten considerar las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley general de la materia y las leyes estatales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconocen a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos, cuya autonomía progresiva les permite ejercer por sí mismas sus derechos, conforme a su edad y grado de madurez.
Frente a este contexto, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red nacional conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la República y el Colectivo Mujer y Utopía A.C. exhortamos al Congreso del Estado de Tlaxcala para que:
Se homologue a nivel nacional, el tipo penal de feminicidio al tipo penal federal.
Legisle en materia de feminicidio, trata y desaparición de mujeres, niñas y adolescentes garantizando los derechos humanos de las mujeres.
Las reformas que se realicen deberán ser progresivas y no regresivas, bajo los estándares y recomendaciones internacionales en la materia, en cumplimiento a los tratados firmados y ratificados por el Estado mexicano.
Participación de familias de víctimas de desaparición, trata, y feminicidio, en la discusión para la construcción de propuestas legislativas necesarias para la garantía del acceso a la justicia, la reparación del daño y la no repetición.
La participación de organizaciones y personalidades con experiencia comprobada en el acompañamiento a víctimas.
Garantice el principio de Progresividad de los Derechos Humanos y detenga la iniciativa del PIN Parental que vulnera y violenta los derechos de niñas, niños y adolescentes y cumpla con las condiciones para gozar de su derecho al libre desarrollo de la persona.
Que el Estado atienda de manera integral y establezca estrategias desde la relación entre los delitos de desaparición, violencia sexual, trata de personas con fines de explotación sexual y feminicidio.
Como OCNF estaremos presentando el modelo de protocolo a fin de que en Tlaxcala el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea garantizado a cabalidad.
Atentamente,
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Colectivo Mujer y Utopía A.C.
--
Para mayor información
Atziri Ávila
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Cel./Whatsapp: 9512536082
ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org
TW: @OCNF
FB: OCNFeminicidioMéxico
Instagram: OCNFeminicidioMéxico